La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reportó en 2014 que más de 30 millones de mujeres en el mundo jugaban futbol, de las cuales casi cinco millones participaban en una liga profesional. Estos cinco millones, en 2019 se convirtieron en 13.36 millones de niñas y mujeres que juegan en una federación. Estados Unidos y Canadá concentran el mayor número. Y en México, es en donde se juegan el mayor número de partidos en cada torneo, más de 300.
En su Estrategia de Futbol Femenino, la FIFA plantea que buscará duplicar la cifra de 30 a 60 millones de mujeres, y lograr que para este año todas las federaciones afiliadas a la FIFA tengan una estrategia integral de fútbol femenino. A fin de cuentas, es el deporte más popular y el que más se practica a nivel mundial por ambos sexos, pero el que tiene las ventajas mayores es, como sucede con otros ámbitos, son los hombres.
De cumplirse esa meta, estaríamos hablando de miles de niñas y mujeres en el país, muchas de las cuales verían al futbol no solo como una afición o para “cumplir un sueño”, como así lo dicen muchas de ellas, sino como una opción de desarrollo laboral, esperando una oportunidad para integrarse a un equipo o una selección en el nivel profesional.
Pero ¿bajo qué criterios se van a incorporar, digámoslo así, a un mercado laboral en el que la precariedad y la explotación comercial es un sello de distinción? No es necesario esperar a ese futuro. Las niñas y las mujeres que ya están insertas en ese medio hostil en el que se les sigue considerando intrusas (bueno, eso no solo pasa en el futbol), enfrentan esa situación, como se ha expuesto en los cuatro seminarios anteriores.
Si el futbol se mira como una empresa con sus prácticas y políticas ya definidas en cuanto a salarios, por ejemplo, ¿qué papel le correspondería a los Estados, traducido en políticas públicas en el ámbito recreativo, amateur y profesional del deporte? La especialista en género, comunicación y deporte, Claudia Pedroza (quien participó en el primer seminario), indica que su mirada —y, por lo tanto, la intervención estatal— hasta el momento ha sido tangencial.
Eso ocurre no solo con el futbol, sino con los deportes en general, que se ven como un pasatiempo o una actividad de élite en el que las decisiones de cómo manejarlo pertenecen a sus estructuras; en nuestro caso, a la Federación Mexicana de Futbol y los clubes. Pero el futbol está cambiando de rostro, con la creación de la liga MX Femenil y con el impulso que está teniendo el futbol para todas las mujeres.
Sin embargo, parece que la Federación sigue anclada a esas viejas estructuras patriarcales, machistas, discriminatorias y violentas. De hecho, la FIFA es la que ha obligado a las federaciones abrir una liga profesional de mujeres. De eso también se ha hablado en estos seminarios, al igual que de la precariedad laboral, las brechas salariales y la violencia. Es lo que ha pasado en la política y si nos remitimos dos siglos atrás, en la educación.
En tanto que el Estado aparece desdibujado, como si no fuera su cancha, como si no tendría injerencia para promover mejores condiciones de las mujeres, como pueden ser los salarios o combatir el acoso sexual, un delito invisibilizado que se ve como hechos aislados y escándalos de indisciplina, contaron Claudia Pedraza y Adrianelly Hernández, a quienes entrevisté para un reportaje sobre el tema.
Cuando estalló el escándalo de la sub-20, por acoso, por lo menos se hubiera esperado un pronunciamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) o de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Silencio total, o al menos, si se hizo, no se conoció o no se difundió. Por otro lado, para la intervención estatal se requiere un simple detalle: una denuncia penal.
Es la misma recomendación y receta para atender los casos de violencia contra las mujeres: para intervenir, se requiere una denuncia. Y como bien sabemos, en el futbol mexicano de mujeres, hacer una denuncia penal de un delito (que insisto, se ve como indisciplina), es terminar con la carrera de las jugadoras, de las entrenadoras o de las árbitras.
Expongo a continuación algunas iniciativas gubernamentales que distan mucho de ser políticas públicas, pero que reflejan la forma en el que el Estado ha intervenido para garantizar los derechos humanos de las mujeres en ese ámbito.
A nivel internacional hay una respuesta inconsistente. En 2019, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la FIFA firmaron el primer memorando de acuerdo para lograr que el futbol sea más accesible a mujeres y niñas y para difundir contenidos que promueven la igualdad de género y combatan la discriminación y estereotipos en ese campo. En años anteriores también se habían aplicado campañas, como la de Un gol por la igualdad.
En este memorando, del cual ya no se ha hablado, se indica que FIFA y ONU Mujeres colaborarán con autoridades, organizaciones, el sector privado, medios de comunicación y organizaciones deportivas para combatir la discriminación y los estereotipos a través de políticas deportivas y proyectos sostenibles que promuevan un cambio cultural y el empoderamiento de mujeres y niñas.
Otro memorando similar fue el de ONU Mujeres y la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), en marzo de 2021. “Vamos a sacarle tarjeta roja a la discriminación, a las violencias y a la desigualdad. ¡Esa es la generación igualdad!”, dijo María Noel Vaeza, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Pero México pertenece a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
Hay un acuerdo internacional que llama la atención, puesto que tiene que ver con los derechos laborales. En septiembre de 2021 se firmó el primer Acuerdo Laboral Global entre la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), que agrupa a 66 sindicatos nacionales y el Foro Mundial de Ligas. El objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de las y los jugadores. En el convenio se reconoce el impulso a la rama femenil. La firma se llevó a cabo con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es un convenio de gran trascendencia, pero resulta que en México todo intento de organización sindical de los jugadores (hombres) es desaparecido. De esto también habló Noemí Monroy en el seminario anterior.
En el marco de la campaña Nosotros por Ellas (he for she), de ONU Mujeres, en junio de 2018, la Conavim —junto con otras instituciones y empresas— organizó el Primer Torneo Relámpago Súper Liga universitaria femenil Fútbol 7: “Por un fútbol sin estereotipos de género”. El gobierno mexicano calificó al torneo como el comienzo de una política pública nacional en la materia y para “seguir impulsando el deporte femenil como una herramienta para el empoderamiento de las mujeres y el impulso de la igualdad de género”. Bueno, estábamos a final del sexenio.
¿Qué pasa en esta administración federal? La Comisión Nacional del Deporte (Conade), como el órgano rector en la materia, tiene el Programa de atención al género y la no discriminación en el deporte. En internet se puede encontrar un informe trimestral y una nota informativa, pero no el programa para conocer metas a corto, mediano y largo plazo, más allá de que informen sobre las actividades de fechas conmemorativas o de campañas.
En noviembre de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Unidad de Igualdad Género de la Secretaría de Educación Pública y la Conade presentaron la Unida de Género para esta última dependencia. En el boletín de presentación, se dijo que su objetivo es fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en las políticas públicas de cultura física y deporte, así como visibilizar la participación de las mujeres en esos ámbitos. Pero las unidades de género, al menos así se habían visualizado, tendrían que hacer un trabajo al interior de las instituciones. La elaboración de políticas públicas le corresponde a la Conade, en general.
“Se debe buscar y entender el deporte, en este caso el futbol, no como una actividad recreativa y profesional, sino como un ejercicio de ciudadanía, de participación social y de adquisición de autonomía y poder, además de que puede convertirse en la llave de entrada de las mujeres para el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Desde ahí se puede empujar para reducir el tiempo que nos llevará alcanzar igualdad”
Guadalupe López García
Por otra parte, la única mención al respecto en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 está en el Objetivo prioritario 3, Estrategia prioritaria 3.3, Acción puntual 3.3.6: Promover acciones para la inclusión de mujeres en actividades físicas y deportivas con perspectiva de género, considerando estudiantes, mujeres con discapacidad, indígenas, adultas mayores, etc.
En el apartado de diagnóstico del Proigualdad, solo se señala que las mujeres tienen menor acceso a la cultura, esparcimiento y el deporte, debido a su escasa disponibilidad de tiempo, recursos económicos y las limitaciones que enfrentan para la toma de decisiones.
En el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024 no hay ninguna alusión al tema. Lo que sería una grave omisión, si se toma en cuenta la cifra que dio la titular del Inmujeres, Nadine Gasman, de que en el ámbito deportivo de alto rendimiento se denunciaron en 2006 casi 30 mil casos de posibles delitos sexuales.
La falta de diagnósticos genera invisibilización sobre la situación de las mujeres que participan en la industria del futbol: como jugadoras, entrenadoras, árbitras y en los deportes en general para conocer las necesidades de ese sector. Hay, sí, deportistas que alcanza relevancia internacional, pero en muchas ha sido por sus propios recursos y no como resultado de una política deportiva que ponga al centro a las mujeres, como lo es el lema de este gobierno federal.
Bueno, ¿qué toca hacer? El Estado debe intervenir y revisar qué es lo que está pasando en el futbol profesional de mujeres. Los escenarios son distintos a los de décadas pasadas, la Federación debe entender que los acuerdos internacionales y las leyes mexicanas en materia de derechos humanos de las mujeres son disposiciones de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y que no hay excepción para aplicarlas.
En el reportaje que aludo, Claudia Pedraza y Adrianelly Hernández tienen claridad de cómo tiene que ser la intervención estatal. Las instituciones deben ir más allá de las recomendaciones o de editar manuales. Si su papel es la protección de derechos, debe revisar qué es lo que está pasando en la FMF, contar con diagnósticos institucionales, capacitación, promover mecanismos de atención, como pueden ser los protocolos, contar con una intervención decisiva en el caso de la violencia.
No habrá denuncias penales es una realidad. Las mujeres no nos atrevemos a denunciar por temor a ser estigmatizadas, revictimizadas, despedidas, culpabilizadas. ¿Por qué no se entiende eso de una vez por todas? No somos nosotras las que debemos perder el miedo y hablar, son los mecanismos de justicia los que deben considerar esta realidad lacerante y por lo tanto generar alternativas.
Las instituciones también tienen injerencia en la erradicación de estereotipos de género en los medios de comunicación y, como se sabe, en los medios deportivos si en algo se distinguen, es espectacularizar una noticia cuando se trata de mujeres, como indica Pedraza. Parece que algunos medios, la mayoría a regañadientes, como lo ha hecho la Federación, ha cambiado sus políticas, pero esto no ha sido gracias a la intervención institucional. Es más, ni siquiera ha emitido recomendaciones o buscado convenios en ese tipo de espacios. Y si lo ha hecho, pues tampoco se conoce.
Adrianelly Hernández insiste: no es posible tener una liga profesional femenil si no se comprometen a erradicar el problema de la violencia contra mujeres. La FMF requiere una instancia que pueda generar las directrices de un programa de atención integral que contemple la prevención, atención y las vías para las denuncias, sanciones y reparación de daños, recomienda. Es ahí en donde el papel de las instituciones es decisivo.
Se tiene que empujar, porque no los directivos ni dueños de clubes lo harán por voluntad propia. Y si lo hacen, el cambio será más lento. ONU Mujeres ha dicho que alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo llevará alrededor de 300 años. Bueno, pues si le dejamos todo a los hombres que dirigen el futbol, que tienen el balón y es su propia cancha, parece que llevará más años.
Continúa Adrianelly: si a la FMF en verdad le interesa atender la violencia y que el futbol femenil se desarrolle, se puede guiar de diferentes experiencias a nivel internacional, como en Estados Unidos o las ligas de Europa que cuentan con leyes generales que promueven los derechos de las mujeres y que las obliga a cumplir ciertos requisitos para garantizar la igualdad. En otros países existen protocolos para atender el acoso sexual, públicos y con reglamento, como el caso de Costa Rica.
Por último, no quiere decir que en este panorama las mujeres mantengan una actitud pasiva. Son ellas las que han empujado cambios u orillado a que los dueños del balón lo hagan. Muchas lo han hecho en solitario otras, desde una organización incipiente, con un acompañamiento feminista el que cada vez más cobra fuerza.
Estudios de organizaciones como el de la FIFPRO y de la misma FIFA demuestran que poco a poco el futbol de mujeres se ha vuelto rentable. Bueno, en México, opera en números rojos, pero no ha sido por las mujeres sino por las decisiones que las mantienen al margen. Tampoco quiere decir que las mujeres se conviertan en mercancía como lo son muchos hombres, pues a pesar de que algunos están en la cumbre, no dejan de ser productos.
Se debe buscar y entender el deporte, en este caso el futbol, no como una actividad recreativa y profesional, sino como un ejercicio de ciudadanía, de participación social y de adquisición de autonomía y poder, además de que puede convertirse en la llave de entrada de las mujeres para el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Desde ahí se puede empujar para reducir el tiempo que nos llevará alcanzar igualdad.
- Guadalupe López García es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Maestra en Estudios de la Mujer, por la UAM; Estudios de la Mujer por el Colmex; asesora editorial y correctora de estilo, Consultora en Género y Políticas Públicas y Leguaje no Sexista, colaboradora de los portales de periodismo feminista Mujeresnet.ifo y SemMexico
- Ponencia presentada en el Quinto Seminario: Retos y perspectivas de los derechos humanos laborales de las futbolistas. Rumbo al Mundial 2026, organizado por la Red de Mujeres Sindicalistas el 18 de octubre de 2022.
